Informe de la Sociedad Interamericana de Prensa [SIP]. Ecuador 2013

Abstract

El 25 de junio entró en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación y con ello se consolidó legalmente la tesis de que la comunicación es un servicio público y, por lo tanto, el Estado la debe regular administrativamente. Tratadistas opositores a la ley consideran que el derecho a la libre expresión ha sido degradado a la condición de servicio público. Este cambio es uno de los ejes fundamentales de la transformación política que el presidente Rafael Correa ha realizado durante los últimos siete años y que ha propuesto internacionalizar tal como lo anunció en la Asamblea de la OEA de Cochabamba en el 2012. Varias personas y agrupaciones han demandado la inconstitucionalidad de la ley ante la Corte Constitucional, sin una respuesta hasta el momento.