La ilegitimidad de las restricciones a la caricatura política

Abstract

La intolerancia frente al humor ha sido una constante en la historia de la humanidad. A pesar del enorme desarrollo normativo que tanto a nivel interno -en cada estado- como internacional -en los sistemas de protección regionales y universal- ha existido para proteger el derecho a la libertad de expresión, con demasiada frecuencia nos encontramos frente a intentos por eliminar las expresiones que resultan molestas o desfavorables para quienes ostentan el poder. En Ecuador, la libertad de expresión es uno de los derechos que más ha sido vulnerado en la última década, en particular desde la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación. A la luz de esta norma ha sido posible para el gobierno llegar a extremos impensables en otras democracias, como ordenar la rectificación de una caricatura o multar al diario que la publicó, sin que a nivel judicial se hayan podido revertir tales decisiones. Ahora bien, bajo el principio de que todos somos responsables por nuestros actos, si una caricatura causa un daño irreparable a otra persona, o motiva episodios de violencia como ocurrió recientemente con Charlie Hebdo en Francia, parecería que existen motivos suficientes para sostener que la protección jurídica a las caricaturas no puede ser absoluta. Miguel Molina se propuso en su trabajo de titulación reflexionar sobre este problema de enorme relevancia y actualidad no sólo en Ecuador sino a nivel mundial. Su planteamiento gira en torno a la imposibilidad de censurar o establecer restricciones ulteriores a la caricatura política, revistiéndola de una protección absoluta, lo que sin duda resulta de enorme trascendencia para el debate jurídico relativo a los límites a la libertad de expresió.