Elementos que caracterizan a un contenido como discriminatorio por razones de pasado judicial

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador [CRE] (2008) determina que todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades, especificando que “nadie podrá ser discriminado por razones de (…) pasado judicial, (…); ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos” (art. 11). Además, determina que la ley sancionará toda forma de discriminación. A pesar de aquello, en la actualidad, “es lamentable encontrarnos con la realidad dentro del ámbito laboral de las personas exconvictas que por su pasado judicial terminan desempeñando actividades de total precariedad, lo que indica la presencia de discriminación o prejuicios en el ambiente de trabajo” (Muñoz, 2021, p. 29). El pasado judicial “genera una consecuencia negativa inmediata que se visualiza al momento de que el penado pretende obtener un trabajo” (Carnevale, 2018, p. 1), por lo cual se ha convertido en un impedimento que la sociedad impone a las personas y que las ubica “en una situación adversa muy complicada de revertir” (Muñoz, 2021, p. 32). Cuando los medios difunden información en torno a los procesos penales de una persona, a pesar de fundamentarse en el derecho a la libertad de expresión, un mal manejo de la misma podría implicar serias vulneraciones de derechos (García, 2019). Con el propósito de profundizar en el estudio de los elementos que configuran un contenido como discriminatorio en razón del pasado judicial de una persona, aportar a su entendimiento y tratamiento mediático, el Consejo de Comunicación elabora el presente informe especializado, como una herramienta que permita el ejercicio pleno de las libertades de prensa, de opinión, de expresión, en todas sus dimensiones, y los derechos de información y comunicación reconocidos en la Constitución la República del Ecuador y los instrumentos internacionales de derechos humanos.