Guía de Jurisprudencia Constitucional

Abstract

El derecho a la libertad de expresión es el pilar fundamental de todos los sistemas democráticos. El ejercicio de este derecho se deriva de la propia dignidad humana. A su vez, su respeto, protección y aseguramiento permiten instrumentar el ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como el derecho a opinar, a informarse sobre los asuntos de interés público, a la participación social, a la libertad religiosa, entre otros. En el capítulo sexto de Constitución de la República del Ecuador (CRE), relativo a los derechos de libertad, el constituyente reconoce como un derecho fundamental “El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones”. Asimismo, el Estado ecuatoriano ha suscrito y ratificado varios convenios y tratados internacionales relativos al derecho a la libertad de expresión, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tales instrumentos internacionales de derechos humanos concuerdan en proteger la libre expresión y difusión de ideas, opiniones e información. En el marco de la normativa nacional y supranacional antes referida, la Corte Constitucional ha dictado varios fallos en los cuales ha asegurado la vigencia y plena aplicación de este derecho en diversos contextos, desde su ejercicio en el ámbito electoral o en contextos de calamidad pública nacional, hasta casos ocurridos entre particulares, en los que ha debido considerar su eventual colisión con el derecho al honor. En esta ocasión, el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional (CEDEC), a través de su serie editorial “Jurisprudencia Constitucional”, en colaboración con el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y la Universidad Indoamérica han recopilado y sistematizado los criterios más relevantes que el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional ha esgrimido desde el año 2008 hasta la actualidad respecto al ejercicio del derecho a la libertad de expresión.